Descripción

La Constitución de 1991 reconfiguró la política fiscal por la proclamación de un Estado social de derecho, exigiendo una expansión estatal que, aun cuando aumentó la presión tributaria, sigue revelando limitaciones sistémicas, pues su nivel es relativamente bajo frente al promedio regional. Persiste una arquitectura fiscal marcadamente centralista, en contradicción con el mandato constitucional de descentralización, pues el Gobierno central concentra más del 84 % de los ingresos tributarios. El balance de estas tres décadas evidencia una brecha entre el diseño aspiracional y los resultados logrados, porque el sistema tiene fisuras estructurales y debilidades en el orden subnacional.

El camino por seguir no requiere inventar nuevas fórmulas, sino cumplir efectivamente  lo prometido: simplificación y progresividad para personas, disminución de la tarifa  corporativa y ampliación de las bases gravables, en paralelo con una reducción del gasto tributario. Finalmente, la gestión tributaria será esencial, por lo cual es un imperativo fortalecer la DIAN para reducir la evasión y la elusión tributarias.