Febrero 26 – 2026

Tras conocerse el paquete de cinco decretos que expidió el Gobierno Nacional para la emergencia, diferentes gremios empezaron a reaccionar frente a las medidas.

En el marco de la intervención a la empresa Air-e, a través de la Superservicios, se adelantó un Puesto de Mando Unificado, PMU, para realizar seguimiento permanente al mercado energético del Caribe colombiano con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de este servicio.

En comunidado oficial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destacó el respaldo expresado por el Consejo Nacional del Arroz, “en sesión realizada el 24 de febrero en Bogotá el Consejo reconoció el trabajo adelantado para atender la coyuntura del sector arrocero, sugirió mejoras a las acciones que se encuentran en curso y valoró la disposición permanente al diálogo técnico y a la construcción concertada de soluciones”.

Uno de los primeros en reaccionar a las medidas tributarias que el Gobierno impuso sobre el sector minero-energético fue Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, quien afirmó que el recaudo de las medidas ascendería a $330.000 millones y advirtió que suponen tasas adicionales a empresas que ya enfrentan cargas tributarias altas afectando sus niveles de competitividad.

Nuevamente el sector de generación hidroeléctrica está en la mira del Gobierno Nacional con la Emergencia Económica, tal como ocurrió con la decretada anteriormente en diciembre.

Por medio de un comunicado de prensa,u la Contraloría General de la República informó que, a través de su delegada para el Sector Agropecuario, realizó aditoría de cumplimiento al Banco Agrario de Colombia y el Ministerio de Agricultura, sobre la entrega de subsidios familiares de Vivienda de Interés Social Rural – VISR en los años 2000 a 2019, donde determinó hallazgos fiscales por $9.666 millones.

El sector de hidrocarburos en Colombia inició 2026 con grandes movimientos empresariales. Se dio la consolidación de GeoPark como el segundo mayor productor de petróleo tras adquirir los activos de Frontera Energy con US$375 millones, pero ese título ahora está en vilo tras la inesperada contraoferta de US$500 millones lanzada por la empresa Parex Resources.

El Decreto 0173 crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con más de 200.000 UVT en 2026. Las tarifas van de 0,5% a 1,6%.

La ejecución del Presupuesto 2025 en Colombia alcanzó un porcentaje del 94,5 %, según confirmó la subdirectora de análisis y consolidación presupuestal del Ministerio de Hacienda, Shirley Herreño, quien argumentó las cifras.

Asofondos y los empresarios advirtieron que el proyecto de decreto, que exigirá el traslado de esos recursos de los privados a Colpensiones, generaría un caos en el sistema.

Un plazo de cuatro meses para presentar un acuerdo de pagos con sus acreedores, con el fin de salir del proceso de reorganización, dio la Superintendencia de Sociedades a la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos.

El Fondo Monetario Internacional instó al gobierno de Donald Trump a trabajar con sus socios comerciales para reducir de forma coordinada las restricciones al comercio.

La UPME abrirá un nuevo periodo de solicitudes para obtener el certificado que permite acceder a incentivos fiscales en vehículos eléctricos, híbridos y proyectos de energía limpia.

El Consejo Gremial Nacional (CGN) manifestó su respaldo a la atención urgente de la emergencia invernal que afecta a varias regiones del país, pero expresó reparos frente al alcance de los decretos que el Gobierno prepara en el marco del estado de emergencia económica.

Un exdirector de la Dian lidera la petición jurídica ante los tribunales, argumentando que hay vicios de legalidad.

Se genera por la posesión de un patrimonio líquido al 1º de marzo del 2026 igual o superior a $ 10.474.800.000.

ÁMBITO JURÍDICO consultó a expertos para analizar los efectos, alcances e implicaciones legales del Decreto 173/26, con el fin de examinar su impacto en el ámbito tributario, empresarial y constitucional.

Las tutelas presentadas por quienes no alcanzaron un cargo se han resuelto en su mayoría a favor de la entidad.

Es claro que el país enfrenta una emergencia y que existe un deber de contribuir, pero un mal diseño o una mala lectura institucional de la ruta fiscal puede generar impactos negativos.

La certificación de la Upme es obligatoria para aplicar deducciones y exclusiones tributarias en inversiones de energías limpias.